R.N . N° 1766-2004
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL PERMANENTE
R.N . N° 1766- 2004
CALLAO
Vistos: oído el informe oral; el recurso de nulidad interpuesto, por la procuradora publica del estado contra la sentencia de fojas sesenta y ocho, su fecha veintiséis de marzo de dos mil cuatro; con lo expuesto por el señor fiscal supremo en lo penal; y considerando: Primero: que la procuradora pública del estado cuestiona la sentencia condenatoria por considerar que la reparación civil es exigua y diminuta, a la vez ue extiende los agravios del recurso a lo que considera una ilegal aplicación del artículo cinco de la ley número veintiocho mil ciento veintidós en vista que el delito materia de juzgamiento impide hacer uso de esa norma. segundo : que, la sentencia recurrida fijó en dos mil nuevos soles el monto por concepto de reparación civil, que por lo demás fue el solicitado por la fiscal superior adjunta en la acusación de fojas ciento cuarenta y siete; que, sin embargo, la pretensión del estado, según el escrito de fojas sesenta y siete, ascendiera a una suma no inferior a los treinta mil nuevos soles; que tratándose de un delito de peligro abstracto, de riesgo o de pura actividad como es el trafico ilícito de drogas, cuya punabilidad por lo demás tiene origen en la situación de peligro eventual que nace de las conductas típicas, la reparación civil debe fijarse en función a la cantidad y dañosidad de la droga incautada, así como a la magnitud o entidad del hecho delictivo en su comisión, sobre la base de los principios de suficiencia y razonabilidad o proporcionalidad; que, en ei presente caso, se trató de una tenencia confines de tráfico al exterior de cuatrocientos sesentiocho gramos de clorhidrato de cocaína ingeridas mediante cápsulas, a cuyo efecto el imputado debió ser evacuado a un hospital del estado, delito en el que han intervenido, por lo menos, otros dos individuos en brasil y perú; que, siendo así, el monto de la reparación civil debe incrementarse prudencialmente. tercero: que si bien la parte civil sólo tiene injerencia en el objeto civil del proceso, el fiscal supremo en lo penal ha cuestionado la legalidad del procedimiento seguido por el tribunal de intancia para dictar la sentencia recurrida estimando la no aplicación de la ley número veintiocho mil ciento veintidós, por io que es del caso referirse a esa opinión anulatoria; que la citada ley número veintiocho mil ciento veintidós, más allá de lo limitado y parcial de su denominación oficial, en puridad de verdad de dos institutos procesales penales: la conclusión anticipada de la instrucción judicial (artículos uno al cuatro) -a la que hace mención el título de la ley- y la conclusión anticipada del debate o del oral (artículo cinco), que aún cuado vinculadas al principio de celeridad o aceleramiento de la justicia penal se diferencian en que en este último supuesto rige básicamente el principio del consenso, dado que la decisión del imputado y su defensa es determinante para dar inicio al procedimiento de conclusión anticipada del debate o juicio oral, lo que no es de recibo cuando se trata de concluir anticipadamente la instrucción judicial, que requiere cumplir -sin que la voluntad del imputado pueda impedirlo- determinados requisitos legalmente previstos; que la conclusión anticipada de la instrucción judicial se circunscribe a determinados tipos penales y a procesos simples, siempre que se presenten puntuales supuestos procesales, tales como flagrancia delictiva, investigación preliminar con la intervención del fiscal con suficiencia probatoria y confesión sincera, lo que se explica porque causalmente se tiende a limitar los actos de investigación judicial y, por ello, podría afectar la incorporación de fuentes de prueba y elementos de convicción para que, en su día, se funde una acusación o se sostenga una defensa razonable; que, empero, en el
caso de la conclusión anticipada del debate oral se privilegia la aceptación de los cargos por parte del imputado y su defensa- ella es la titular de esta institución cuya seguridad- de cara al principio de presunción de inocencia - parte de una instrucción cumplidamente actuada con sólidos elementos de convicción, y valorada, a los efectos de la pretensión acusadora, por el fiscal superior y, luego, por la defensa, de suerte que el artículo cinco-precisamente por tratarse de una institución procesal autónoma y distinta de la anterior no impone limite alguno en orden al delito objeto de acusación o a la complejidad del proceso ni remite su aplicación a las exigencias de los artículos uno y dos; que asimsimo, es de declarar que cuando el artículo cinco hace mención a la "confesión sincera", es rigor nos remite al numeral uno de dicha norma que por tal expresión, a estos ? solos efectos- aunque dogmáticamnete cuestionable-, entiende únicamente aceptar en ese trámite ser autor o participe del delito materia de la acusación y responsable de la reparación civil, de modo que en este caso tampoco cabe concordarlo necesariamente con el artículo ciento treinta y seis del código de procedimientos penales o con el artículo uno, númeral tres, de la citada ley. cuarto : que, en el presente caso, luego de instalarse el juicio oral y fijar los términos del debate se preguntó al imputado y su defensa si el primero se consideraba ser autor del delito materia de la cusación fiscal y responsable del pago de la reparación civil, quien al responder en sentido positivo con aceptación de su defensa y sin exigencia de actuación probatoria alguna, dio lugar a la sentencia recurrida; que es de acotar que el acto de disposición del imputado y su defensa se circunscribe al reconocimeinto de la responsabilidad penal y civil atribuida, no es un allanmiento a la pena pedida y a la reparación civil solicitada, por lo que como postula la doctrina procesalista-el tribunal está autorizado, al reconocerse los hechos acusados a recorrer la pena en toda su extensión, desde la mas alta prevista en el tipo penal hasta la mínima inferida, llegando incluso hasta la absolución si fuere el caso, esto es, si se toma en cuenta que el hecho es
atípico o resulta manifiesta la concurrencia de cualquier circunstancia determinante de la exención de responsabilidad penal o de su preceptiva atenuación; como es de advertirse, se trata de una modalidad especial de sentencia, que puede denominarse "sentencia anticipada", producto de una confesión del acusado en los términos antes descritos; que esta confesión tiene como efecto procesal concluir el juicio oral, y no está circunscrita exclusivamnete al pedido de pena y reparación civil del fiscal y, en su caso, de la parte civil, consecuentemente, el tribunal retiene su potestad de fijarlas conforme a lo que corresponda y con arreglo a los pricipios de legalidad y proporcionalidad. quinto : que la sentencia recurrida, invocando adicionalmente el artículo ciento treinta y seis del código de procedimientos penales, impuso una pena de siete años de privación de libertad, sin perjuicios de las penas de multa e inhabilitación, que el fiscal no recurrió pese a que solicitó diez años de pena privativa de libertad en la acusación de fojas ciento cuarenta y siete, por lo que no corresponde revisar tal extremo de la sentencia de instancia por no ser materia de la impugnación. sexto: que, dado el carácter general de la interpretación de los alcances del artículo cinco de la ley veintiocho mil ciento veintidós como institución procesal penal aplicable a toda clase de delitos sujetos al proceso penal ordinario, corresponde disponer su carácter de precedente vinculante en sus fundamentos jurídicos tercero y cuarto , en aplicación a lo dispuesto en el numeral uno del artículo trecientos uno-, a del código de procedimientos penales, introducido por el decreto legislativo número novecientos cincuenta y nueve. por estos fundamnetos: Declararón no haber nulidad en la sentencia de corte suprema de justicia fojas ciento y ocho, su fecha veintiséis de marzo de dos mil cuatro, en cuanto condena a josé Givaldo Da Silva como autor del delito de tráfco ilícito de drogas-tipo base- en agravio del estado, a siete años de pena privativa de libertad, ciento ochenta días multa e
inhabilitación: con los demás que al respecto contiene; DECLARARON HABER NULIDAD en la propia sentencia en cuanto fija en dos mil nuevos soles el monto por reparación civil a favor del estado; reformándolo: fijaron en diez nuevos soles; dispusieron que los fundamentos jurídicos tercero y cuarto de la presente ejecutoria constituyen precedente vinculante; ordenaron que este fallo se publique en el diario ofIcial " el peruano; y los devolvieron.
S.S.
SAN MARTIN CASTRO
PALACIOS VILLAR
BARRIENTOS PEÑA
LECAROS CORNEJO
MOLINA ORDOÑEZ